El tema del Gatillo fácil no es exclusivo del Perú, ni de Latinoamérica, pero es en Argentina donde ha habido varios casos y activismo relacionado al tema. Para tener un poco más de conocimiento acerca de la experiencia argentina con lo que llamamos gatillo fácil y cómo lo enfrentan, conversamos con Paula Peña, realizadora audiovisual, parte del equipo de Raiz – Comunicación desde Abajo, colectivo de comunicación que del 2015 al 2018 se dedicó a trabajar de manera multimedia esta y otras problemáticas relativas a la violencia estatal.
Tomate Colectivo: Paula, coméntanos acerca de la situación en Argentina respecto al Gatillo fácil.
Paula Peña: Actualmente en Argentina no existe una ley similar a la Ley del Gatillo fácil que se promulgó este año en Perú. Sin embargo, esto no significa que el uso de las armas de fuego por parte de la Policía contra población civil desarmada no sea una problemática que afecta al país gravemente. Según los archivos de la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) desde el regreso de la democracia en 1983 hasta el 2019, un total de 2660 personas fueron asesinadas por gatillo fácil en nuestro país con variaciones entre las cuantías entre los distintos gobiernos.
Lo más cercano a una ley del gatillo fácil fue el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de seguridad, implementado en el 2018 por la entonces ministra de Defensa, Patricia Bullrich con la excusa de garantizar la seguridad en la Cumbre del G20. La Resolución 956/2018 publicada en el Boletín Oficial habilitaba el uso legal del arma de fuego en una serie de situaciones que son un resumen de las principales excusas utilizadas por miembros de las fuerzas de seguridad en su defensa cuando son juzgados por el fusilamiento de personas, es decir, una serie de ejemplos donde se puede presumir verosímilmente que el sospechoso portaba un arma letal. Esta normativa fue derogada casi un año después con el cambio de gobierno.
Esto no quiere decir que el gatillo fácil dejó de existir o que no tenga dadas las condiciones para que los policías que fusilan sigan quedando impunes. De hecho, la cuarentena fue un contexto propicio para el endurecimiento de las medidas de seguridad y el aumento de las fuerzas con presencia en las calles, con el aumento del poder que esto les otorga. Según el registro de Correpi, durante el aislamiento fueron asesinadas 92 personas a manos del aparato estatal, 34 de las cuáles fueron casos de gatillo fácil. Esto significa, que más allá de las leyes y los gobiernos, existen entramados judiciales, sociales y mediáticos que colaboran a que los fusilamientos sigan ocurriendo, sean legitimados y sigan quedando impunes.
TC: ¿Qué estrategia están usando para hacer incidencia?
PP: Las estrategias principalmente van en el sentido de visibilizar la problemática, porque en general los fusilamientos de este tipo son invisibilizados y solo trascienden determinados casos que tienen la fuerza suficiente para romper el cerco mediático. Lamentablemente lo que no se nombra, no existe. Entonces el primer camino es visibilizar, registrar, nombrar. De esto se encargan en general las organizaciones sociales y organismos de DDHH, ya sea aquellas especializadas como Correpi o la Marcha de la Gorra en Córdoba, netamente antirepresivas, o aquellas organizaciones barriales que eligen acompañar a las familias de las víctimas, que en su mayoría son jóvenes, varones y de los barrios pobres de los cordones urbanos.
Por ejemplo, uno de los casos conocidos que seguimos como organización fue el de Jonatan Herrera, un joven asesinado a balazos por personal de la fuerza de seguridad en enero de 2015, mientras lavaba su vehículo frente a su casa, en barrio Tablada, Rosario. Cuando un grupo de la PAT (policia de accion táctica) intervino en una persecución policial disparando en la calle lo acribillaron. Dos años despues absolvieron a varios o dieron penas bajísimas como se muestra en el video.
TC: De acuerdo a su experiencia ¿cómo deberíamos proceder acá en Perú?
PP: Si hay algo que se puede recomendar para el contexto peruano, es primero, visibilizar, poder llevar un registro, una sistematización de los casos, de los impactos de esta Ley que se sancionó. Las herramientas cuantitativas en general no son muy usadas por el campo popular, pero realmente son muy necesarias para poder visibilizar los impactos, para dimensionar la problemática. Por otro lado, entender el contexto regional de las medidas represivas que se implementan en nuestros países. Hay lineamientos generales, políticas regionales, patrones y fórmulas que se repiten o replican. Tan importante como conocer las generalidades de la región, es también conocer las particularidades del caso peruano, qué lo diferencia de otros. Es descifrar ese particular entramado jurídico, mediático y social que hace posible la emergencia de este tipo de leyes. Y por último, lo que siempre ha estado en nuestras manos, la movilización popular, que es capaz de frenar leyes y políticas. Todo lo anterior, sin presión pública, sin repudio masivo, es difícil de modificar.
Sexta Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil durante el mes de agosto – Fotos de ANRed – Agencia de Noticias RedAcción
«…Otra vez esta marcha nos muestra que no estamos solas que nos apoyamos unxs a otrxs sin importar las distancias y nos vuelve a convencer que no vamos a claudicar, ni tranzar. Solo queremos y buscamos justicia, equidad, igualdad y seguiremos hasta que la justicia llegue y no pase nunca más!». Fotos de la 6 Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil por la Coordinadora de familiares de victimas de gatillo fácil
La Coordinadora de familiares de victimas de gatillo fácil es una organización que aboga por justicia para las personas asesinadas por miembros de la policía, y cuyos familiares siguen luchando para que el estado asuma sus responsabilidades. Acá les dejamos una relación de casos de gatillo fácil sucedidos en Argentina y movilizaciones realizadas «para visibilizar la represión desde la vuelta a la democracia, donde se contabilizaron 6500 jóvenes y por pibes y pibas de menos de 18 años asesinados por las fuerzas de seguridad».
TOMATE Colectivo 